La reforma laboral apunta al blanco equivocado

Desde el inicio de la crisis está habiendo presiones de los círculos empresariales y políticos institucionales que apuntan a la necesidad de reformar el mercado laboral para favorecer la recuperación económica. Y sin embargo, nada demuestra que los trabajadores y sus salarios tengan algo que ver con ella. Más bien al contrario, el aumento del desempleo es una consecuencia de la crisis, pero no su causa.

Si nos remontamos a más de tres años atrás, al otoño de 2008 cuando estalló la crisis económico-financiera, recordaremos que ésta empezó con la quiebra de dos grandes empresas especializadas en hipotecas, que amenazaba con llevarse por delante gran parte del sistema bancario internacional. Desde entonces el común de los mortales hemos aprendido mucho sobre ingeniería financiera, sobre los diversos y múltiples productos extraños que permiten hacer circular el dinero ganando con ello y otras lindezas. Pero quiero recordar que el inicio estuvo en el sistema financiero –bancos, aseguradoras, inversores institucionales, agentes de crédito…- y que es ahí donde habría que buscar una solución, y no en un coste excesivo de los salarios o de los despidos para las empresas.

Las instituciones estatales, sin preguntar a nadie, sin referéndum ni mandato constitucional ninguno, se apresuraron a aportar dinero público a los bancos para garantizar su supervivencia, en un monto que según algunos analistas asciende a “un mínimo de 100.000 millones de euros (el 10% del PIB español)”.^[1] Supongamos que creían que, al proporcionar dinero a los bancos o avalarlos, éstos lo harían llegar a las empresas y familias para proseguir el consumo, pero no deja de ser extraño que nadie se asegurara de que fuera así. Ningún banco da un crédito sin un aval, ¿por qué entonces el Estado le dio sus créditos y avales al sistema bancario sin compensación? Recordemos también que en su momento el Ministro de Economía, Sr. Solbes dijo que el dinero que el Estado estaba inyectando en el sistema bancario no iba a costar nada a la población, puesto que era un adelanto que se prestaba a los Bancos y que éstos devolverían (con los intereses) en el momento en que se recuperasen. ¿Es que los Bancos no han empezado todavía a devolver o aquellas palabras eran meras frases bonitas del Sr. Ministro?^[2]

Sea como fuere el dinero puesto a su disposición no sirvió para poner en marcha el ciclo de la inversión sino que el sistema financiero lo guardó o lo puso a buen recaudo en el Banco Central Europeo y lo está usando para sanear sus cuentas, prestar a la Administración Pública que a su vez les había prestado a ellos y aprovechar la situación para nuevas adquisiciones y fusiones de los bancos más pequeños, en el caso de España las Cajas de Ahorro.

¿Qué tienen que ver los trabajadores en todo esto? Es obvio que nada. Simplemente que en tanto que el crédito se restringe, caen las empresas que más dependían de él –en España la construcción y la pequeña o mediana empresa– se reduce el consumo y aumenta el desempleo. A principios de 2009 estaba en 3.500.000 personas, actualmente rebasamos los 5 millones.

Ahora bien, si el desempleo se debe a la falta de financiación de las empresas más incluso que a la falta de ventas, es obvio que no son los trabajadores los que aportan la inversión. ¿Por qué entonces cebarse en ellos en vez de centrarse en lo que parecería más lógico, o sea en asegurar una financiación alternativa toda vez que la tarea del sistema financiero éste no la está llevando a cabo?

Que la reforma laboral no va a crear empleo parece desprenderse inclusive de las propias declaraciones del Gobierno. La reforma no tiene nada que ver con la recuperación, al contrario es una medida de extorsión en el sentido más simple de la palabra: supongamos que en algún momento vuelve a haber crédito para las empresas porque el sistema financiero ha saneado ya sus cuentas y/o ha recibido suficiente apoyo de los Estados; se reanuda el ciclo global. En ese momento podría ocurrir que las empresas o al menos algunas de ellas pudieran reanudar o ampliar sus actividades por el lado de la oferta, dirigiendo sus productos hacia el exterior puesto que la demanda interna, con un alto nivel de desempleo, seguiría siendo baja. Al haber aprobado la reforma laboral los trabajadores de esos nuevos hipotéticos empleos resultarían mucho más baratos y por tanto favorecerían el despegue de los negocios, incluso si los intereses y las condiciones de los créditos se endurecieran. Por tanto es difícil no ver que la reforma consiste en un ajuste a futuro que no va a resolver la situación y que en todo caso lo pone más fácil para los empresarios si éstos, y en especial el sistema financiero, se recupera, cosa que nada tiene que ver con los trabajadores ni en nada depende de ellos. El nuevo ciclo se relanzaría aumentando la parte correspondiente a las finanzas y a los beneficios empresariales en el producto global y disminuyendo la parte social y la correspondiente a los trabajadores.

¿Es cierto entonces que no cabía otra opción? no, es radicalmente falso. Si se quiere solucionar un problema, lo mejor es ir a la causa, no a su consecuencia. Y si la causa es el deterioro del sistema financiero, su excesiva dimensión y la ausencia de reglas sociales en sus negocios, es ahí donde hay que intervenir. En los años que ya llevamos de crisis se han hecho propuestas diversas en este sentido: regular las transacciones financieras, imponer nuevos tributos, entre otros la denominada Tasa Tobin; auditar los gastos, limitar los derivados financieros, controlar las agencias de calificación e incluso nacionalizar o socializar la banca.

¿Por qué entonces ese error de bulto al seleccionar el blanco?, ¿por qué se apunta contra las condiciones del trabajo y no contra la situación de las finanzas? Hay una primera respuesta obvia: el cerrilismo de la derecha más dura de los señoritos gobernantes y su desprecio de siglos por las condiciones de vida de los trabajadores abona un trato despectivo y en ocasiones paternalista con ellos. Como por ejemplo cuando se dice, no sé si en broma o en serio, que todos debemos contribuir al bienestar general, esto dicho sin el menor recato por quienes hacen todo lo posible por evadir la Hacienda pública o por lucrarse a costa de los bienes del Estado.

Pero hay también otro elemento menos visible. En el momento en el que el conjunto de las actividades que articulan el vivir social entran en la lógica de la acumulación capitalista, ésta selecciona aquellas actividades que pueden ser rentables, a las que beneficia, y deja caer aquellas que no lo son o que es más difícil rentabilizar, a las que considera un gasto y que por tanto tiende a hacer que disminuyan. Lo vemos en la sanidad, en la educación, en las pensiones… Las pensiones son un gasto para el sistema y por tanto éste tiende a reducirlas, pero los ahorros para las pensiones en los fondos privados son un aporte y tiende a maximizarlos; aunque esos fondos a continuación formen parte del capitalismo financiero del que ya hemos hablado. Los salarios de los trabajadores son costes para las empresas que hay que reducir pero su trabajo es vital para éstas, por lo que hay que procurar que esté siempre disponible en el grado y en la cualidad adecuada. El ideal del capitalismo sería tener trabajo sin trabajadores, o que éstos trabajaran y consumieran pero nada más, que no enfermaran, ni envejecieran, ni se reprodujeran, ni hubiera que formarlos… a no ser en la estricta medida en que esas actividades fueran también un negocio lucrativo. En tanto que mano de obra superflua los trabajadores son una magnitud desechable, en tanto que trabajadores activos son una parte del capital, en ningún momento aparecen como lo que son, a saber aquella parte de la sociedad que se encarga fundamentalmente del mantenimiento de la misma.

La pregunta ahora es ¿quién tiene capacidad de intervención para regular el sistema financiero en beneficio de esta otra parte de la sociedad que constituye además la gran mayoría y que es la condición de su supervivencia? Sin duda no puede hacerlo una casta política en connivencia con los propios gestores de los bancos, puesto que priorizarán los intereses de éstos que en cierta medida son los suyos propios. El circuito de la deuda los liga a ambos: los políticos que salvan a la Banca y los banqueros que prestan dinero al Estado para que éste se lo devuelva con los intereses correspondientes. En último término todo queda en casa, se trata casi de un mero ajuste contable; la manera de asegurarlo es que el pago de los intereses de la deuda sea prioritaria para el Estado y, al tiempo, que la prioridad de préstamo para los bancos sea la deuda pública, cosa que, al menos la primera parte, ha sido recientemente consagrada en la Constitución. Como consecuencia la Administración reduce al máximo sus gastos ya que todos los ingresos deben servir antes que nada para pagar la deuda y ésta a su vez para garantizar el pago de los intereses que ella misma genera. La población y sus necesidades aparecen en este modelo como un peso muerto a fragilizar al máximo, como una especie de coste innecesario del que hay que desembarazarse.

Dado lo difícil que resulta atajar la situación por la implicación mutua entre los diversos agentes, tenemos que romper esa dinámica infernal creando nuestras propias instituciones alternativas, como primer paso elaborar una auditoría popular. Otro objetivo sería exigir impuestos a las transacciones financieras que sirvieran para pagar una renta básica con la que las personas pudieran mantenerse. Con ello debilitaríamos a la vez el poder de los agentes financieros y encareceríamos el trabajo, de forma que las empresas en vez de aprovecharse del trabajo basura deberían ser realmente competitivas para ser viables.

El problema es que no veo cómo vamos a poder hacerlo mientras no contemos con instituciones políticas ciudadanas suficientemente legítimas y consolidadas para hacer valer su posición. Si se quiere, el carácter constituyente de los movimientos se refiere a ese punto: cómo aumentar la capacidad colectiva de incidencia de modo que centre el punto de mira, poniendo trabas a la capacidad irrestricta de los poderes económico y político de hacer pagar la crisis a aquellos sectores que nada tienen que ver en ella y que por consiguiente no pueden aminorarla en lo más mínimo. Se trata de corregir el tiro y apuntar a donde está el problema y éste no es, en ningún caso, ni los trabajadores ni su salario ni las facilidades para su despido.

1/03/2012

Montserrat Galcerán

http://www.rebelion.org/

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Notas: