Como Jano, el Dios romano de las puertas, los comienzos y los finales, el tiempo que vivimos dibuja un paisaje bifronte: el que cierra la crisis en un momento oscuro de empeoramiento progresivo de nuestras posibilidades de vida y el que la abre hacia una luminosa oportunidad de transformación.

En el lado oscuro, estamos asistiendo, a golpe de decretazos, a una vertiginosa depredación de la riqueza colectiva y a un recorte asfixiante de derechos y libertades. Entre las leyes ya en vigor, como la reforma laboral, el decretazo sanitario o la nueva ley de costas, y las de inminente aprobación, como la futura ley del aborto o la LOMCE, una extensa red normativa nos va atrapando en unas mallas que nos privan tanto de nuestras posibilidades de sustento material como de libertades fundamentales en el día a día de nuestras vidas. El denominado estado de bienestar se desmorona a velocidad de vértigo y servicios públicos que pensábamos conquistados para siempre amenazan con mutar rápidamente a añorados recuerdos del pasado. Elevada a rango de norma constitucional, la prioridad absoluta de “nuestros” gobernantes es el pago de la deuda: a partir de aquí, los intereses del mercado priman, más que nunca, sobre las necesidades de las personas.

En el lado luminoso, la explosión de democracia desde abajo nacida con el 15M sigue viva y generando frentes y fuentes de resistencia muy potentes allí donde el neoliberalismo pega fuerte. Los niveles de conflicto, de protesta en la calle, de generación de prácticas de autodefensa frente al ataque devastador lanzado contra el acceso a los bienes y recursos de todos y todas alcanzan cotas de intensidad, participación e imaginación creativa, como poco, desconocidos desde las movilizaciones de los años 70 y, en buena medida, insólitos. La PAH y las oficinas de vivienda, las distintas mareas o las múltiples plataformas surgidas frente a la dictadura financiera (como la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda o la Plataforma de Afectados por Participaciones Preferentes) organizan la metamorfosis del descontento en tácticas de autodefensa y en prácticas de democracia directa en forma de plazas-ágora, de encierros, de comisiones de trabajo o de experimentación de nuevas organizaciones políticas. Se trata de un movimiento destituyente-constituyente que ha conseguido arrancar victorias nada desdeñables, como la aceptación a trámite parlamentario de la ILP para la reforma de la ley hipotecaria promovida por la PAH o el retraso de la aprobación de la LOMCE arrancado por la Marea Verde. Pero lo que más anima, alegra y promete es esta suerte de ambiente de politización generalizada que fotosintetiza el aire liberando realidades y posibilidades oxigenadas de cambio.

Ahora bien, ¿cómo aprovechar estas bocanadas de oxígeno para saltar por encima del -aparentemente- infranqueable muro de bloqueo institucional donde se detienen todas las peleas? Por muy masivas, legítimas, compartidas y potentes que sean las mareas, huelgas o manifestaciones, ninguna es capaz de superar los diques del mandato europeo, la obediencia legislativa del rodillo PP y la eficacia ejecutiva de su gobierno. Las demandas más claras, los gritos más fuertes, las peleas más tenaces se enfrentan al implacable “Sí pueden, pero no quieren”. Sordas, ajenas, lejanas y cada vez más protegidas de la gente por las fuerzas policiales, sus cordones y sus vallas, las instituciones que dicen representarnos desoyen una a una todas nuestras demandas.

¿Qué podemos hacer entonces para no caer en la impotencia y el desaliento? ¿Para, sobre todo, seguir desbrozando el camino de transformación democrática iniciado? ¿Para, además, llevar hasta sus últimas consecuencias las demandas lanzadas desde el 15M? El 15M inauguró, efectivamente, un movimiento de transformación democrática desde abajo donde la democracia se entendía a la vez como asunto político y económico. Contradiciendo la falsedad, interesadamente dada por sentada, tanto de una economía-ciencia cuyas leyes naturales se impondrían obligatoriamente a las necesidades y deseos de las poblaciones, como de una política limitada a la gestión y aplicación de dichas leyes, las plazas y las calles enarbolaron su “no nos representan” y su “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros” como estandarte de una exigencia de democracia integral.

Llevar hasta sus últimas consecuencias el “no nos representan” significaría forzar la apertura de un proceso de ruptura con el régimen político del 78, donde los partidos y, sobre todo, el bipartidismo, monopolizan la toma de decisiones políticas. Implicaría, por lo tanto, instituir tiempos, espacios y órganos de participación y decisión a través de los cuales poder organizar los asuntos comunes. Exigiría, en definitiva, tomarnos el poder de pensar, de decir, de hacer respecto a las cuestiones que nos importan. Cuestiones como las relaciones sociales, las prioridades productivas, el modo de vida en las ciudades y en el campo, la distribución de los tiempos de trabajo y no trabajo etc.

Llevar hasta sus últimas consecuencias el “no somos mercancías” impulsaría, para empezar, la realización de una auditoría ciudadana de la deuda susceptible de discriminar entre su parte de pago inesquivable y su parte ilegítima y, por ende, no asumible. Supondría, además, redefinir el concepto de riqueza. ¿Qué es eso que llamamos riqueza social? Algo que, como poco, generamos entre todas y todos. Algo que, como mínimo, debería traducirse en la generación de herramientas que permitieran el sostén material de una vida digna para toda la población: un sistema fiscal que redistribuyera la riqueza, una renta básica que retribuyera a cada quien por su aportación a la riqueza colectiva, una forma de propiedad y gestión común de los bienes y recursos considerados fundamentales para el bienestar general de la población (como la salud, la educación, el transporte, la movilidad, el acceso a la ciudad, al conocimiento, a la cultura etc.) capaz de blindarlos frente a la voracidad privatizadora y compatible con un desarrollo sostenible.

Podríamos designar las instituciones que ahora bloquean el acceso a la democracia política y económica como instituciones zombis ya que, aun muertas en vida tras haber perdido el apoyo y legitimidad de la gente, continúan funcionando como autómatas. Programadas por la Troika para satisfacer las prioridades de las élites financieras, estas muertas vivientes no se destruyen por sí mismas, sino que, por el contrario, pueden sobrevivir mucho tiempo y con consecuencias muy destructivas. La miríada de iniciativas y proyectos autogestionados (cooperativas de consumo, huertos urbanos, centros sociales, espacios infantiles, cooperativas laborales etc) son prácticas que ya reflejan posibilidades más igualitarias y democráticas de organizar lo cotidiano. Pero, aisladas y limitadas, tales realidades se revelan ahora mismo impotentes frente al ritmo y capacidad mortífera de la vampirización del capitalismo financiero.

No nos queda otra que poner sobre la mesa la cuestión del poder, del poder de cambiar las cosas, pero de cambiarlas en un sentido macro: de abajo a arriba, por supuesto, pero para que en el arriba de todas y todos se establezcan nuevas reglas que desplacen la obtención de beneficio o de rentas financieras como eje articulador de nuestras sociedades. Un desplazamiento que colocara en el centro, de una vez para siempre (o, al menos, durante el máximo tiempo posible), la prioridad de las vidas de las personas como principio de organización social. Un principio que debería aspirar a institucionalizarse lo antes posible tanto para detener la máquina neoliberal de acumulación por desposesión, como para anclar esa conquista en los cimientos más profundos, estables y duraderos posible.

Este tiempo histórico parece brindarnos la ocasión de disfrutar de un solsticio de verano de transformación democrática que no podemos dejar pasar. Ojalá Jano, también Dios de los solsticios, pudiera echarnos una manita.

14/05/2011

Texto escrito por @enredmad

Siempre hay alguien que viene a fastidiar la fiesta: esta vez, en los fastos de nuestro segundo cumpleaños, ha sido Enrique de la Hoz el que ha venido a intentar estropearnos nuestra vuelta a las plazas y las calles.

¿Qué quién es Enrique de la Hoz? Es el Juez titular del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, y la forma en que ha intentado fastidiar nuestra fiesta es dictando hace unos días el auto de continuación del procedimiento para las personas detenidas en el 15M. Sin embargo, antes de hablar en profundidad de esto (o precisamente para hacerlo) tenemos que irnos al principio de los tiempos, es decir, hace dos años.

Lo cuenta @casiopeaexpres en su entrevista del documental 15m.cc: en los días previos a la manifestación del 15 de mayo de 2011 los organizadores estaban preocupados por lo que, intuían, era una estrategia de criminalización del gobierno a la movilización. Más o menos se puede reconocer cuando las autoridades intentan hacer esto en los siguientes cinco sencillos pasos:

• Generar una neurosis colectiva respecto de la seguridad de la manifestación: al no estar convocada por ninguna de las organizaciones a las que la CT tiene otorgado el papel de contestatarias, podía ser, desde el punto de vista de las autoridades, “peligrosa”. Así, conseguir desmovilizar al máximo a los sectores más reticentes a salir a la calle.

• Durante la propia manifestación, bien confiar en que las declaraciones de los días anteriores fomentasen efectivamente en un sector de la manifestación los disturbios deseados; bien realizarlos “in situ” por el consabido “que soy compañero, coño”.

• Conseguir que la cobertura informativa sobre la manifestación en los medios tradicionales ponga el énfasis en los disturbios antes que en el propio resultado de la manifestación o su capacidad de convocatoria. El concreto caso de la nota de El País, con el ínclito F. J. Barroso a los mandos de la operación, es particularmente sintomático: si no fuese porque son amigos, los redactores del atestado de la Policía Nacional podrían iniciar acciones legales por plagio contra el periodista.

• Aprovechar el fracaso de la manifestación para deslegitimar a las entidades convocantes: parece baladí, pero al fin y al cabo al estado le conviene tener canalizada la protesta por organizaciones cuyo funcionamiento pueda controlar.

• Y la mayor parte del resto del trabajo se lo íbamos a dejar hecho, aunque duela decirlo: desde una mirada tradicional anti represiva, íbamos a seguir el juego del discurso del disturbio, el del modelo de violencia tradicional, e íbamos a dejar escapar nuestro foco de interés para poner la palabra en el suyo: otra vez discutir la asistencia, la botella rota y la pintada en El Corte Inglés. Y, por supuesto, otra vez hablar del proceso judicial, de las declaraciones de los policías, las penas solicitadas por el fiscal y la estrategia de represión del gobierno.

Resulta entre curioso y enternecedor pensar ahora en el plan que fijaron las autoridades: quienes lo hicieron, desde esa sala tenebrosa y acariciando un gato con más pelo de lo normal, lo hicieron convencidos de que apostaban a caballo ganador. Al fin y al cabo, ese plan no había fallado nunca. Pero, sorprendentemente, esta vez fallaron, y nosotros ya recorrimos esa manifestación en el De Lorean de esa nueva forma de comunicarnos y comunicar que tenemos ahora (y que las autoridades, vista la estrategia seguida con los escraches, no ha aprendido aún a contrarrestar).

Sin embargo, aunque en los días siguientes a la manifestación del 15M andábamos invadiendo la calle y las plazas de nuestras ciudades, aquél 15 de mayo de 2011 se detuvo a mucha gente, que tras un agradable paso por comisaría fueron puestos a disposición judicial del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid, es decir, de nuestro protagonista: Enrique de la Hoz.

Antes de continuar hay que hacer una precisión: en un procedimiento penal, en general, son dos jueces los que participan en el caso. En un primer momento está el instructor, que es el que investiga si las actividades denunciadas son susceptibles de ser calificadas como delito. Y luego está el penal, que es el que realiza el juicio y dicta la sentencia. En este caso, Enrique de la Hoz es el instructor, y debería haber tenido como objetivo saber si los detenidos habían cometido alguno de los delitos que la policía decía que habían cometido en ese increíble e incomprendido género literario denominado atestado policial.

Después de tomar declaración a los detenidos y ponerlos en libertad, lo primero que hizo Enrique de la Hoz fue intentar separar las causas. Dos principios, de honda tradición hispánica, motivaban su intento: el divide y vencerás y el quítame este marrón de encima. El divide y vencerás se basaba en la idea de que sería más difícil acusar a 18 personas con unas defensas coordinadas por sus abogados que a esas 18 mismas personas en otros tantos procedimientos distintos. Un clásico que no por clásico debe dejar de sorprendernos: la función del juez instructor no debe ser acusar, sino saber si esas personas merecen o no ser acusadas con base en la investigación realizada. El quíteme ese marrón de encima es, sin embargo, más doloroso: en la providencia en la que el Juez nos informaba que tenía intención de separar las causas, nos explicaba que lo hacía por la gran cantidad de papeleo que podía suponer una instrucción tan grande. Si hubiese que ponerle un titular a los escritos judiciales, el de esa providencia hubiera sido: “los derechos de sus defendidos me dan pereza”. En cualquier caso, las defensas (¡apoyadas por el Ministerio Fiscal!), recurrimos y la Audiencia Provincial nos ha dado la razón.

Mientras tanto, y con el recurso pendiente de una decisión de la Audiencia Provincial, las diferentes instrucciones siguieron sus caminos: se interrogaron policías, se presentaron pruebas, y se solicitó, por parte de la mayoría de las defensas, que se archivase el procedimiento.

En cuanto la Audiencia Provincial sentenció a nuestro favor en el caso del desglose de las instrucciones, Enrique de la Hoz, impertérrito, decidió poner fin a la instrucción y, hace unos días, dictó el auto de continuación del procedimiento, en el que decide que el mismo continúe para todos los detenidos y les acusa de los delitos típicos en estos casos (atentado, desórdenes). Este auto, que deberíamos recordar cuando nos volvamos a encontrar en las calles y las plazas estos días, hace un dibujo bastante completo del estado de la administración de justicia por imputar a cascoporro y sin el más mínimo respeto al derecho a la presunción de inocencia, por hacerlo de forma perezosa, desgranando cada acusación en apenas una línea y por funcionar como una segunda instancia policial, al no atender ni un segundo a las pruebas e indicios presentados por las defensas, al permitir a la policía desmanes como el sinsentido del propio atestado o el encaje de bolillos en sus declaraciones en el Juzgado, donde la mentira del testigo policial cotiza al alza en casos como estos y, pese a quedar demostrada habitualmente en los interrogatorios en sede judicial, nunca implica el inicio de acciones legales por perjurio ni tiene efectos en la presunción de veracidad que les da el instructor.

A día de hoy es sabido que los jueces, en general, son los mejores abogados del 1% y los más infalibles fiscales del 99% restante, y el procedimiento judicial del 15M es una prueba más de ello. También existe conciencia común, como ya comentamos en un artículo anterior, de que justicia y justicia no son lo mismo, y que confiar los derechos de los comunes a la administración de justicia es, a día de hoy, imposible. Sin embargo, si bien llevamos dos años hablando de qué es lo que consideramos justo, en algún momento nos tendremos que poner a pensar cómo administrar(nos) esa justicia que deseamos, y tenemos que tener en cuenta el funesto funcionamiento de la administración de justicia actual para no caer en sus errores. Entretanto, celebremos nuestro cumpleaños y tomemos otra vez las plazas y las calles sin olvidar que algunos compañeros y compañeras aún siguen pagando el pato de la ridícula estrategia con la que las autoridades pensaron recibirnos el 15 de mayo de 2011.

Nacho Trillo

Red Jurídica Abogados

@laredjuridica

En los últimos diez años hemos asistido a nuevas formas de organización y articulación política que tienen  las redes como uno de sus centros vítales y que han sido capaces de producir una relación calles-redes inédita hasta el momento. Javier Toret (@toret) es miembro del grupo “DataAnalysis15M” quizás el primer grupo que ha decidido aportar rigor científico a la discusión sobre el uso de las redes, las transformaciones en las formas antropológicas de organización y, por tanto, a las formas de organizarnos desde el aquí y el ahora.